ESTRUCTURAS JUDICIALES

En América Latina, la carencia de un desarrollo teórico sólido en el ámbito de la "sociología judicial" es evidente, y más preocupante aún es la ausencia de una tradición en teoría política de la jurisdicción. Esto implica la falta de clarificación sobre la función manifiesta y real del poder judicial, así como la necesidad de una crítica constructiva a su estructura institucional para optimizar su desempeño. Aunque la región reconoce la importancia de un poder judicial democrático e independiente, las respuestas respecto a su alcance, competencia, independencia, forma de gobierno y selección de jueces son inconsistentes y carecen de análisis comparativos, a menudo influenciadas por tendencias nacionalistas y desafíos sobre la capacidad de los países latinoamericanos para instituciones democráticas. Esto ha resultado en una confusión de competencias y estructuras judiciales en las leyes y constituciones regionales, influenciadas de manera desordenada por modelos extranjeros y a menudo distorsionadas por intereses corporativos o políticos sin sentido. En cuanto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se argumenta erróneamente que su efectividad requiere medidas positivas más allá del ámbito judicial, lo que limita el poder de los jueces y los tacha de activistas judiciales. Esta visión busca restringir la protección de estos derechos, lo que puede verse reflejado en decisiones judiciales regresivas que socavan su efectividad y que pueden indicar una influencia perjudicial en el sistema judicial.

Es esencial examinar las estructuras institucionales para identificar posibles fallas que faciliten estas violaciones y promover prácticas efectivas para neutralizar estos riesgos.